En el artículo 14 del Reglamento se establecen obligaciones en materia de empleo que se aplicarán cuando las personas trabajadoras acrediten un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33% y una discapacidad intelectual certificada.
Las obligaciones son básicamente las siguientes:
- Formación accesible (incluye PRL y emergencias).
Las empresas deberán, si la persona lo solicita:
- Proporcionar documentación en lectura fácil y formatos alternativos (audio, apoyos visuales, etc).
- Garantizar que la formación en PRL y en protocolos de emergencia esté redactada en lenguaje claro y cuente con versión en lectura fácil, con apoyos visuales cuando sea posible.
- Procedimientos de contratación accesibles.
Las empresas deberán:
- Publicar ofertas y requisitos en lenguaje sencillo y cognitivamente accesible.
- Permitir que cualquier candidato solicite adaptación de la entrevista, sin coste y sin que pueda ser causa de exclusión.
- Sistemas de fichaje y autenticación accesibles.
Las empresas deberán garantizar:
- Acceso sin necesidad de recordar contraseñas y con métodos alternativos según las capacidades cognitivas.
- Doble verificación en los envíos de información.
- Asistencia remota y guía paso a paso para el uso de la plataforma electrónica.
- Comunicación y documentación adaptada en el trabajo.
Las personas trabajadoras podrán solicitar:
- Que la persona utilice su sistema habitual para poder comunicarse en el trabajo (por ejemplo lenguaje de signos u otro sistema de comunicación adaptado) cuando así lo solicite y resulte necesario como adaptación.
- Adaptación de documentos y reuniones.
- La empresa deberá realizar la adaptación, salvo carga desproporcionada, que deberá justificarse por escrito y de forma cognitivamente accesible.
- Cambios de tareas o información relevante deberán comunicarse por escrito y también oralmente si la persona lo requiere.
- Ajustes razonables y sistemas de apoyo.
Las empresas deberán:
- Implementar ajustes razonables en horarios, tiempos asignados, carga de trabajo y tecnologías de apoyo.
- Revisar periódicamente estos sistemas con participación de la persona trabajadora.
- Manuales y guías de buenas prácticas.
- Los sindicatos podrán elaborar manuales de buenas prácticas en lenguaje sencillo.
- Empresas y administraciones deberán impulsar guías en lectura fácil y designar una persona de apoyo durante la incorporación y adaptación al puesto.
En cuanto a la entrada en vigor, la Disposición final octava de la norma establece que tendrá lugar el 2 de enero de 2027.
«La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico».
