Fempa. Federación de empresarios del metal de la Provincia de Alicante

AUTOMOCIÓN

GESTIÓN DE IMPAGOS

 


Este servicio se presta en una doble vertiente:

I.- Extrajudicial, a través de la reclamación escrita por medios fehacientes con el fin de que pueda utilizarse también en caso de tener que acudir a los Tribunales.

II.- Judicial, mediante el estudio y análisis jurídico de las distintas alternativas que permite la reclamación ante los Tribunales.

Reclamación mediante JUICIO MONITORIO (*)

  • Procedimiento especial previsto para reclamar cantidades cuando la deuda conste en algún tipo de documento (facturas, albaranes de entrega, certificaciones... etc.) que acrediten la relación entre el acreedor y el deudor.

  • Se inicia mediante una petición ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor. El juzgado le notificará al deudor la reclamación que ha interpuesto contra él el acreedor y le requerirá para que el un plazo de 20 días la abone o si no está conforme, presente, en un escrito de oposición, los motivos que tiene para no pagar la cantidad que se reclama.

  • En el caso de que el deudor no abone la deuda o no presente oposición por escrito (con abogado y procurador en el caso de que la deuda supere los 900 €), el juez ordena la ejecución por la cantidad reclamada e inicia diversas actuaciones dirigidas a cobrar la deuda, embargando los bienes que posea el acreedor.
    Desde que se dicte este auto del juzgado despachando ejecución, la deuda generará intereses, gastos y costas que también deberá abonar el deudor.


  • (*) Debido a los gastos que ocasiona, este servicio se facturará mediante una cuota reducida con un mínimo de 40 €, más suplidos.

 

Otros procedimientos judiciales

- Juicio verbal, juicio ordinario, juicio cambiario, procedimiento de ejecución... Asesoramiento y análisis pre-contencioso.

- Ventajas y tarifas especiales en la interposición y seguimiento del procedimiento judicial, tras presupuesto previo. 

Antimorosidad

Pertenencia a la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM) formada por patronales de la pequeña y mediana empresa y asociaciones sectoriales del ámbito autonómico y estatal, que aboga por suprimir las cláusulas abusivas en los contratos y respetar los plazos máximos legales de pago.

 

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